En sólo 21 días, el Congreso le aprobó al gobierno gran parte de los instrumentos que reclamó para cumplir su promesa de entregar 100 mil casas gratis el próximo año. En menos de dos semanas se expediría la ley que da vía libre a la construcción de las soluciones de vivienda.

Si alguna vez bautizaron la ley ‘fast-track’ a la que resolvía en un mes la situación judicial de los paramilitares rasos, o ley Obama a la que en menos de quince días le dio vía libre al TLC, la ley que reclamaba el gobierno Santos para entregar 100 mil casas a los “más pobres de los pobres” bien podría ser llamada la ley de ‘Vivienda exprés’.

No solo por su acelerado trámite en el Congreso. Superó cuatro debates en tan solo 21 días. También por sus ambiciosos alcances. El gobierno, tras el éxito en el legislativo, dijo que en agosto ya se habrán surtido los procesos de subasta pública para quienes ofrezcan proyectos de vivienda, y se iniciarán de forma simultánea la construcción de las primeros 100 mil techos, los que el gobierno apuesta por entregar en el primer semestre del 2013.

Sin embargo, conseguir la bendición del Congreso fue más complicado de lo que parecía. Si en las comisiones Séptimas, que lo aprobaron conjuntamente en menos de dos horas, las plenarias del Senado, la semana pasada, y de la Cámara de Representantes, en la noche del martes, decidieron revisar hasta la más mínima sílaba para aprobarle al gobierno su política de vivienda, que tiene carácter de “políticamente permanente”.

Todo parecía que el proyecto de vivienda sería aprobado a ‘pupitrazo’. Así parecían ser las intenciones del gobierno que condujo la discusión del último debate a la aprobación sin las propuestas de los parlamentarios. A tal punto que algunos, de forma apresurada, dieron por hecho la aprobación de la ley.

Cuando la estrategia parecía consumada, varios parlamentarios exigieron discutir con más profundidad el proyecto, y en una especie de golpe de estado al presidente de la Cámara, Simón Gaviria, al gobierno y los ponentes del proyecto, la votación tuvo que ser cancelada. El debate se reinició y se extendió por más de tres horas.

Los parlamentarios, uno tras otro, fueron presentando sus propuestas. Unas buscaban obligar a que las viviendas no sólo se construyeran en las grandes capitales sino en municipios de hasta quinta y sexta categoría. Otras, que no fuera utilizada como parte de la reparación a las víctimas del conflicto; o aclarar que no sólo se trataba de una respuesta a los damnificados de la ola invernal. Mientras unas pocas, solo buscaban dilatar el trámite del proyecto.

Sin embargo el gobierno se percató que con las propuestas de los congresistas, varias de ellas del Polo Democrático (que voto a favor), el proyecto “quedaría muy enriquecido”, como lo admitió el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Aunque en la plenaria de la Cámara consideraron que sirvieron para delimitar con precisión los alcances del proyecto. O en palabras de un representante, “para que el gobierno no nos vaya a meter goles”.

El proyecto, que llegó al Congreso en medio de numerosos críticos que lo calificaban de improvisado, fue aprobado en tiempo récord, a tal punto que podría convertirse en la primera ley que sancione el presidente Juan Manuel Santos de todas cuantas se han aprobado en la legislatura que está a punto de culminar.

En agosto empieza la construcción

Lo que el Congreso le entregó en bandeja al gobierno, y en tan solo 21 días, son las herramientas jurídicas para que empiece a construir las 100 mil soluciones de vivienda para los más pobres.

Después de sancionada la ley, el primero de julio se iniciará el proceso de subasta pública para identificar a los constructores que presenten “los mejores proyectos” en cuanto a urbanismo, área de las casas y calidad de las construcciones.

Un proceso que el gobierno espera surtir en un mes pues la nueva meta es que en agosto se suscriban todos los convenios y arrancar en firme con la construcción de las viviendas.

Los oferentes sólo tendrán cuatro requisitos. Tener un lote incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio, que tenga acometida de servicios públicos, licencia de construcción, y que también oferte el urbanismo.

Pueden presentar proyectos de vivienda los particulares, las cajas de compensación, los alcaldes, los gobernadores, pueden hacerlo alianzas público-privadas. “Todas las modalidades las estamos recibiendo para ninguna región del país quede excluida del programa”, indicó Vargas Lleras.

Hasta la fecha, el gobierno conoce 414 proyectos de vivienda que han sido radicados por 213 municipios de todo el país.

Aunque el objetivo del gobierno es llegar con sus casas a todos los rincones del país, pide a las autoridades de todos los departamentos y municipios tener agilidad para presentar sus proyectos, para que no queden excluidos de estas soluciones de vivienda cien por ciento subsidiadas. “Los municipios de Cauca y Nariño están muy rezagados”, fue la advertencia del Ministro de Vivienda.

Eso sí, a través de la presión parlamentaria, quedó establecido en la ley que el 20 por ciento de las 100 mil viviendas deberán ser construidos en los municipios pequeños, de categorías 4, 5 y 6.

Para que el sector de la construcción se comprometa con las 100 mil viviendas gratis, la ley estableció dos exenciones tributarias: el descuento del impuesto del cuatro por mil en los materiales para este tipo de construcción, y la del impuesto a la venta de aquellos lotes destinados para proyectos de interés social.

Cómo serán las casas y quiénes los beneficiados

Los beneficiados con la ley, “los más pobres de los pobres”, serán los colombianos con ingresos inferiores a los 100 mil pesos mensuales, desplazados y víctimas de la violencia (el 30 % de las viviendas, se estima, llegarán a esta población), los que lo perdieron todo en la segunda ola invernal, las personas integradas en la Red Unidos (extrema pobreza), y los colombianos con demanda insatisfecha, concentrados en 170 municipios. Todos estos ciudadanos tendrán prioridad.

La ley autorizó al gobierno para adelantar un sorteo público entre esta población para entregar las 100 mil viviendas gratis.

Quienes resulten beneficiados no pagarán los costos notariales ni de registro. No podrán hacer uso comercial de la propiedad por 10 años, y tendrán la opción, mediante el leasing habitacional a través del Fondo Nacional del Ahorro, de pagar un arriendo con opción de compra.

El objetivo de las 100 mil casas gratis le significará al gobierno una inversión de 3,7 billones de pesos. El costo de la construcción de cada una de esas casas es de alrededor de 40 millones de pesos, y su área oscilará entre los 40 y 60 metros cuadrados. Habrá casos excepcionales, como los de los proyectos de vivienda en Medellín, donde el municipio hará un segundo subsidio además de la oferta del urbanismo, por lo que las soluciones habitacionales serían más grandes.

Aunque al proyecto le falta un trámite, el de la conciliación entre Senado y Cámara, Vargas Lleras confía en que será una diligencia sin mayores inconvenientes.

La meta concreta del gobierno es que en el primer semestre de 2013 se entreguen las 100 mil casas gratis. El diccionario de la Real Academia de la Lengia española define el término “exprés” para “un servicio rápido, que se hace de prisa” y ese parece ser el afán del gobierno.

Fuente: Revista Semana.